Un proyecto audiovisual que pretendía contar la historia de Edson Álvarez desde sus primeros pasos en el futbol mexicano terminó convertido en una disputa económica y legal.
Un proyecto audiovisual que pretendía contar la historia de Edson Álvarez desde sus primeros pasos en el futbol mexicano terminó convertido en una disputa económica y legal.
Juan José López Ordóñez asegura que trabajó durante aproximadamente dos años en un documental dedicado a la trayectoria del futbolista mexicano y que realizó una inversión de 3.5 millones de pesos que actualmente reclama.
De acuerdo con su relato, el proyecto comenzó antes del Mundial de Qatar 2022 y contemplaba diferentes etapas de la carrera de Álvarez, desde sus orígenes en Tlalnepantla hasta su desarrollo como futbolista profesional.
El documental finalmente no fue concluido.
López Ordóñez sostiene que la producción se realizó con conocimiento del jugador y mediante comunicación con personas que entonces formaban parte de su entorno familiar.
El desacuerdo económico habría coincidido posteriormente con otro conflicto relacionado con un inmueble en la colonia San Rafael de la Ciudad de México, en el que el productor señala a Jonathan Toache Bedolla, entonces suegro del futbolista.
La disputa escaló cuando López Ordóñez aseguró haber sido privado de la libertad en noviembre de 2024. El productor relaciona este episodio con personas del entorno de Álvarez y sostiene que posteriormente recibió amenazas.
Su abogado asegura que actualmente existen carpetas de investigación relacionadas con presunto fraude y secuestro, además de que se preparan acciones adicionales.
Edson Álvarez niega tener relación con los hechos que se le atribuyen y ha señalado que las acusaciones deben ser acreditadas ante fiscalías y tribunales.
Hasta el momento no existe una resolución pública que establezca que Álvarez haya participado en el presunto secuestro ni que determine su responsabilidad en el conflicto económico.
La controversia que comenzó alrededor de una producción audiovisual queda ahora en manos de las autoridades, que deberán determinar si existen elementos para proceder contra alguna de las personas señaladas.
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