La senadora Ruth González Silva fue señalada por la comunicadora Anahí Torres González como la presunta responsable de la denuncia que derivó en la detención de periodistas y creadores de contenido, así como en la emisión de órdenes de aprehensión contra otros comunicadores en San Luis Potosí.
Anahí Torres, quien promovió un amparo para evitar su detención, aseguró que personas relacionadas con el proceso judicial le informaron que la legisladora federal habría presentado la denuncia que originó la investigación. No obstante, señaló que la carpeta permanece reservada y que la Fiscalía estatal no ha confirmado oficialmente la identidad de la persona denunciante.
La comunicadora explicó que hasta el momento desconoce los contenidos específicos que dieron origen a las acusaciones, ya que la defensa aún espera que un juez ordene a la Fiscalía entregar la información correspondiente para conocer el expediente completo.
El caso generó preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, las cuales enviaron una carta pública a las autoridades de San Luis Potosí para exigir el cese de las acciones penales contra periodistas, comunicadores y creadores de contenido.
Las agrupaciones advirtieron que las detenciones y órdenes de captura representan un riesgo para el ejercicio periodístico y para la libertad de expresión en la entidad, además de considerar que existe un uso excesivo del derecho penal en asuntos relacionados con el debate público.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fundar, Propuesta Cívica y diversas redes especializadas en derechos digitales y defensa de periodistas.
El origen del conflicto se relaciona con las reformas aprobadas en San Luis Potosí para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial y la manipulación digital de imagen y voz. Diversos especialistas consideran que la redacción de estas disposiciones podría dar lugar a interpretaciones amplias que afecten el ejercicio de la libertad de expresión.
La legislación contempla sanciones para quienes generen o difundan contenidos elaborados mediante inteligencia artificial que reproduzcan la imagen o la voz de una persona sin autorización, aunque organizaciones civiles han cuestionado la falta de claridad en los criterios para determinar cuándo existe una infracción.
Especialistas en comunicación y libertad de prensa también han señalado que un eventual uso de estas reformas para sancionar contenidos periodísticos o críticos podría abrir un precedente preocupante para el ejercicio de la labor informativa en el estado.
De acuerdo con informes recientes sobre el panorama mediático en San Luis Potosí, diversas regiones enfrentan problemas de escasa cobertura periodística, presiones gubernamentales, amenazas contra comunicadores y dificultades para ejercer el periodismo de manera independiente, situación que organizaciones civiles consideran debe atenderse para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión.
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