Las autoridades anunciaron mayor vigilancia sobre las granjas porcícolas de Yucatán justo cuando comunidades mayas y organizaciones ambientales intensifican sus reclamos por posibles afectaciones al agua.
Profepa reportó 18 inspecciones durante la actual administración, medidas correctivas, una clausura definitiva y multas acumuladas por 105.8 millones de pesos.
El anuncio llega después de que comunidades integrantes de la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To’one Ja’o’on y Greenpeace exigieran acciones más contundentes y transparentes.
Un estudio difundido por Greenpeace analizó 17 pozos y cenotes y reportó materia orgánica, bacterias, exceso de nutrientes e indicadores fecales porcinos en distintas muestras. La organización y las comunidades atribuyen parte de la contaminación a la actividad porcícola.
Las comunidades también han pedido conocer públicamente los resultados de inspecciones, sanciones y procedimientos administrativos iniciados contra instalaciones señaladas por posibles afectaciones.
Las autoridades, por su parte, aseguran que buscan mejorar el tratamiento de aguas residuales, corregir incumplimientos y garantizar la reparación ambiental donde se acrediten daños.
La particular geología de Yucatán vuelve especialmente sensible la discusión: su suelo de roca caliza permite que sustancias presentes en la superficie puedan infiltrarse hacia el sistema de aguas subterráneas.
Las inspecciones ya comenzaron y las multas ya existen. Para las comunidades, ahora falta demostrar que esas acciones realmente se traduzcan en agua protegida y daños reparados.
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