El nombre del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero volvió al centro del caso Ayotzinapa después de que padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos lo responsabilizaran directamente por la desaparición de evidencias de los acontecimientos de septiembre de 2014.
Las acusaciones fueron planteadas durante movilizaciones realizadas en la Ciudad de México y Guerrero, mientras avanzaba la audiencia relacionada con el exmandatario.
Según los familiares, entre las evidencias desaparecidas se encuentran grabaciones de cámaras de seguridad de Iguala, particularmente aquellas relacionadas con el Palacio de Justicia.
Melitón Ortega cuestionó que Aguirre se haya deslindado durante años de los acontecimientos bajo el argumento de que desconocía lo que estaba ocurriendo aquella noche.
Las familias consideran que el proceso judicial representa una oportunidad para determinar qué sabía el entonces gobernador y, principalmente, establecer quiénes participaron en la presunta desaparición de pruebas.
También pidieron evitar que el caso se convierta en una “simulación” y exigieron que las autoridades investiguen hasta esclarecer las responsabilidades.
En contraste, simpatizantes y antiguos colaboradores del exgobernador realizaron actos religiosos en Acapulco y Ometepec para pedir una resolución favorable y su liberación. Mientras ambas posturas se enfrentan, los padres de los normalistas mantienen una exigencia central: conocer la verdad sobre lo ocurrido con sus hijos y castigar a quienes resulten responsables
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