Todas las muertes violentas de mujeres deberán ser investigadas bajo el protocolo de feminicidio como parte de los principios contemplados en la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio que actualmente se analiza en el Senado.
Durante las mesas de diálogo sobre la propuesta, Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, explicó que la regulación retoma como principio fundamental la sentencia de Mariana Lima Buendía.
La propuesta también busca terminar con la fragmentación existente en el país mediante la homologación de penas y agravantes en las 32 entidades federativas.
Otro de los puntos contempla garantizar procedimientos adecuados durante los peritajes y la preservación de indicios, además de proteger la continuidad de la cadena de custodia.
El levantamiento, traslado y preservación de cuerpos o restos también deberán realizarse bajo criterios de dignidad humana, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
La iniciativa incorpora además garantías relacionadas con el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y el trato digno para víctimas y sobrevivientes.
Sin embargo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio advirtió que modificar las leyes no resolverá por sí mismo las deficiencias existentes.
Después de revisar los 62 artículos y 12 transitorios del proyecto, el organismo identificó disposiciones que considera necesario modificar, precisar o complementar.
El OCNF sostuvo que una nueva legislación deberá estar acompañada por instituciones capaces de aplicarla y autoridades que cumplan sus obligaciones de prevención, investigación y sanción, pues de lo contrario existe el riesgo de que los cambios permanezcan únicamente en el papel.
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