La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso de la Unión una propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de impedir que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan contender por cargos de elección popular.
La iniciativa contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que dependería del Instituto Nacional Electoral y que tendría como función revisar perfiles de aspirantes postulados por partidos políticos rumbo a las elecciones de 2027.
Durante la conferencia matutina, la mandataria federal explicó que la propuesta busca establecer un mecanismo preventivo que permita detectar posibles riesgos antes del registro oficial de candidaturas, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución.
De acuerdo con la propuesta, los partidos políticos podrán entregar de manera voluntaria la lista de sus aspirantes a la nueva comisión, la cual consultará información con instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.
Estas dependencias determinarán si “no existe riesgo” o si hay un “riesgo razonable” de posibles vínculos con la delincuencia organizada. Posteriormente, la comisión notificará a los partidos políticos para que sean ellos quienes decidan si mantienen o no la candidatura correspondiente.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló que la comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.
Además, explicó que quienes aspiren a una candidatura deberán autorizar obligatoriamente ser sometidos a esta evaluación como requisito previo para participar en un proceso electoral.
El gobierno federal señaló que toda la información relacionada con las investigaciones tendrá carácter confidencial y reservado, con el fin de proteger el debido proceso y evitar afectaciones legales mientras continúan las indagatorias correspondientes.
Leave a Reply