El gobierno de Donald Trump anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) el pasado 9 de octubre, pocas horas después de que la exjueza del organismo Navi Pillay fuera reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2026.
Las medidas representan una ampliación de la presión estadounidense sobre el tribunal con sede en La Haya, encargado de investigar delitos internacionales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
A diferencia de sanciones anteriores dirigidas contra funcionarios específicos, las nuevas restricciones podrían afectar a empresas y proveedores que mantienen relaciones comerciales con la institución.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió la decisión al argumentar que Washington no permitirá que la CPI procese a ciudadanos estadounidenses.
Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen al tribunal. Su gobierno también ha cuestionado las investigaciones y órdenes de arresto relacionadas con funcionarios israelíes.
La CPI rechazó las sanciones y advirtió que representan una amenaza para el Estado de derecho. Asimismo, solicitó a sus 125 Estados miembros adoptar medidas para garantizar su funcionamiento.
La administración estadounidense estableció un periodo inicial de seis meses para determinadas operaciones y excepciones, mientras se implementan las restricciones.
Desde Europa surgieron expresiones de preocupación por las consecuencias que las sanciones podrían tener sobre la independencia del tribunal.
En este contexto, Navi Pillay pidió que los gobiernos respondan mediante acciones colectivas y no únicamente con pronunciamientos diplomáticos.
La controversia trasciende el enfrentamiento entre Washington y La Haya: también plantea hasta dónde pueden llegar las presiones económicas de una potencia sobre las instituciones creadas para investigar crímenes internacionales.
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